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El conflicto judicial se originó a partir de la demanda del exempleado, quien denunció despido sin causa, deficiente registración laboral y descuentos indebidos. Según su planteo, comenzó a trabajar en octubre de 2013, pero su vínculo fue formalizado recién en 2015. Además, sostuvo que durante años firmó contratos y acuerdos que no reflejaban la verdadera naturaleza de la relación laboral.
En una primera instancia, la Cámara Segunda del Trabajo de San Rafael había fijado una indemnización cercana a los $1.500 millones, integrada por capital, intereses y costas. Sin embargo, el máximo tribunal provincial admitió parcialmente la apelación presentada por la empresa y redujo el cálculo de intereses, aplicando la tasa de préstamos personales del Banco Nación y considerando el perfil económico del trabajador.
Los jueces fundamentaron su decisión en el principio de “primacía de la realidad”, al concluir que existía una relación de dependencia encubierta pese a los instrumentos firmados. También descartaron la aplicación del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, vinculado a la entrega de certificados, aunque confirmaron las principales indemnizaciones, incluida la prevista en el artículo 245.
Durante el proceso se analizaron acuerdos celebrados ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) en la Ciudad de Buenos Aires, que fueron cuestionados por la continuidad efectiva de las tareas del trabajador. Para la Justicia, esos documentos no acreditaron una desvinculación real, ya que el vínculo laboral se mantuvo sin interrupciones.
Tras conocerse el fallo, el fundador de la compañía, Orlando Canido, expresó su desacuerdo y calificó la resolución como “insólita y absolutamente fuera de contexto”. La sentencia generó impacto en el ámbito empresarial y jurídico, tanto por la magnitud económica como por los criterios adoptados para el cálculo de intereses y el reconocimiento de relaciones laborales no registradas.
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