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| PATRICIA BULLRIH. |
La presentación ante el juzgado fue realizada por Fernando Soto, abogado del Ministerio de Seguridad, siguiendo instrucciones directas de Bullrich. En el escrito se describe la difusión de las grabaciones como un hecho de “gravedad inusitada”, subrayando que se trata de “audios privados”, “jurídicamente inocuos y carentes de toda relevancia penal”.
En paralelo, el juez Patricio Maraniello dictó una medida para impedir que los audios continúen circulando, ya sea por medios escritos, audiovisuales o plataformas digitales. La decisión judicial responde a la denuncia presentada por el Gobierno, que calificó la filtración como “una operación de inteligencia ilegal”.
Manuel Adorni, vocero presidencial, explicó que la divulgación de las grabaciones tuvo un “fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral”: “Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, afirmó.
La denuncia, que hace referencia a una presunta violación de la Ley 22.520 de Inteligencia Nacional, fue radicada en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°12 de la Ciudad de Buenos Aires, actualmente subrogado por Ariel Lijo, y se encuentra en manos de la Fiscalía N°4, a cargo de Carlos Stornelli.
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