EL GOBIERNO QUIERE TERMINAR CON LA PRISION DOMICILIARIA DE MILAGRO SALA

MILAGRO SALA.

A diez años de su detención, el Gobierno nacional solicitó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que Milagro Sala abandone el régimen de prisión domiciliaria y pase a cumplir su condena en un establecimiento penitenciario común. La presentación fue impulsada por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación y plantea que la dirigente social jujeña debe cumplir la pena “tras las rejas”, en función de la gravedad de los delitos por los que fue condenada. Actualmente, Sala permanece con arresto domiciliario desde 2017 por una disposición del tribunal internacional.

Según Infobae, desde el Ejecutivo argumentan que la exlegisladora provincial y líder de la Organización Barrial Túpac Amaru cuenta con sentencia firme por asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas, con una pena unificada de 15 años de prisión e inhabilitación absoluta. El área que depende de Joaquín Ignacio Mogaburu sostuvo que el beneficio de permanecer en su casa “no corresponde dada la gravedad de los delitos”, por lo que se busca revertir la medida dictada años atrás por la CIDH.

En la documentación enviada al organismo internacional, el Estado también rechazó las denuncias de “hostigamiento judicial” formuladas por la defensa de Sala. Según la presentación oficial, existen registros que evidenciarían incumplimientos en las condiciones del arresto domiciliario, como un cambio de domicilio sin autorización judicial, lo que activó alertas en el sistema de monitoreo electrónico y derivó en mayores controles. El Ministerio indicó que “presentar esas medidas de supervisión como hostigamiento busca instalar un relato para mantener un privilegio que no corresponde” y remarcó que la Argentina respeta sus compromisos internacionales, aunque entiende que la decisión original terminó convirtiéndose en un trato diferencial.

El Ministerio de Justicia, encabezado por Mariano Cúneo Libarona, reforzó esa postura con un comunicado en el que afirmó que “la República Argentina cumple con sus obligaciones internacionales”, pero subrayó que “esta medida de la Corte Interamericana se transformó en un claro beneficio que mantiene en la comodidad de su hogar a un criminal que robó a los pobres, pese a tener una condena firme”. Sala cumplió recientemente dos tercios de la pena, 10 de los 15 años impuestos, lo que la habilita a solicitar la libertad condicional. Actualmente se encuentra internada en el Hospital de Gonnet, en La Plata, donde su defensa denunció nuevas irregularidades y un trato excesivamente severo durante su atención médica.

Las condenas que pesan sobre la dirigente provienen de distintas causas tramitadas en la justicia jujeña. En una fue hallada culpable por amenazas telefónicas a una comisaría en 2014, con una pena de dos años. En el expediente conocido como “Pibes Villeros”, el Tribunal Oral Criminal 3 la sentenció a 13 años por liderar una asociación ilícita que desvió fondos destinados a viviendas sociales, con una defraudación estimada en $60 millones. Mientras el Gobierno avanza para que deje la domiciliaria y cumpla la pena en prisión común, el caso vuelve a colocarse en el centro del debate político y judicial.