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    VENEZUELA: DELCY RODRIGUEZ ANUNCIO UNA AMNISTIA GENERAL Y EL CIERRE DEL HELICOIDE

    DELCY RODRIGUEZ.
    La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes una ley de amnistía general que buscará abarcar el período de violencia política comprendido entre 1999 y la actualidad. El anuncio fue realizado durante el acto de apertura del año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), transmitido por la televisión estatal, y se conoció semanas después del cambio de poder tras la captura y derrocamiento de Nicolás Maduro.

    Según explicó la mandataria interina, el proyecto será elevado a la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, con trámite de urgencia. En su intervención, sostuvo que el objetivo central es “reparar las heridas que ha dejado la confrontación política desde la violencia, desde el extremismo, y reencauzar la convivencia entre los venezolanos”, y pidió a los eventuales beneficiarios que no prevalezcan “la venganza, la revancha ni el odio”.

    La iniciativa contempla exclusiones específicas. Quedarán fuera de la amnistía quienes estén procesados o condenados por delitos como homicidio, narcotráfico, corrupción y violaciones graves a los derechos humanos. No obstante, el texto completo del proyecto aún no fue difundido, por lo que persisten interrogantes sobre los criterios concretos de aplicación.

    El anuncio se dio en paralelo a un proceso de excarcelaciones iniciado el pasado 8 de enero, que avanza de manera gradual. De acuerdo con la organización Foro Penal, actualmente hay 711 personas detenidas por razones políticas en Venezuela. Desde el inicio de la nueva gestión, fueron liberadas 302, aunque la ONG advierte que más de 11.000 personas continúan bajo medidas restrictivas de su libertad.

    En el mismo acto, Rodríguez ordenó el cierre definitivo de la cárcel de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, señalada durante años como un centro de detención y tortura por organismos de derechos humanos. Según indicó, el edificio será reconvertido en un espacio social, cultural, deportivo y comercial destinado a la familia policial y a las comunidades cercanas.

    La propuesta fue recibida con cautela por organizaciones de derechos humanos como Provea, Foro Penal y el Comité de Madres por la Verdad, que reclaman que la amnistía sea amplia y sin discriminaciones. Desde estos espacios advirtieron que la liberación de detenidos “no sea concebida como un acto de clemencia, sino como la restitución de derechos fundamentales”, y aseguraron que seguirán de cerca el debate legislativo y la implementación de la medida.

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