LA JUSTICIA CONFIRMO EL JUICIO CONTRA EL EXNOVIO DE LOURDES DE "BANDANA"

LOURDES DE BANDANA Y LEANDRO GARCIA GOMEZ.

La causa por violencia de género que tiene como víctima a Lourdes Fernández, ex cantante del grupo Bandana, dio un paso clave en los tribunales porteños. La Justicia ratificó el procesamiento de su expareja, Leandro García Gómez, y resolvió que el caso sea debatido en un juicio oral, luego de considerar acreditados los hechos investigados durante la etapa de instrucción.

Según se informó en Lape Club Social por América TV, la Cámara del Crimen avaló lo actuado y remitió el expediente al Tribunal Oral en lo Criminal N°11, que quedó a cargo de organizar el sorteo de las audiencias. La decisión judicial implica un revés para la defensa del imputado y refuerza la acusación por delitos considerados de extrema gravedad.

El fallo reconstruye un escenario de sometimiento psicológico y físico al que habría sido expuesta la artista. De acuerdo con la resolución, García Gómez habría anulado la voluntad de Fernández y la mantuvo retenida durante más de un día en un departamento, sin permitirle comunicarse con el exterior ni pedir ayuda, lo que encuadra en el delito de privación ilegal de la libertad.

En ese marco, el secretario de Seguridad del departamento, Jorge Quintero, no interviene en esta causa, pero sí lo hace la fiscal Silvana Russi, quien tuvo un rol central en el avance del expediente. La representante del Ministerio Público impulsó la investigación incluso sin una denuncia inicial directa de la víctima, al considerar que el cuadro de violencia detectado justificaba la actuación de oficio del Estado.

La fiscalía sostuvo que las pruebas reunidas —testimonios, peritajes y otros elementos incorporados al expediente— resultan suficientes para llevar el caso a juicio. Esta intervención también busca garantizar la protección integral de los derechos de la víctima, en línea con los protocolos vigentes para situaciones de violencia por motivos de género.

De ser hallado culpable, García Gómez podría enfrentar una condena de hasta 15 años de prisión de cumplimiento efectivo. Mientras se aguarda la fijación de fechas para el debate oral, el caso vuelve a poner en foco la importancia de denunciar y visibilizar este tipo de hechos.