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| JULIO IGLESIAS. |
Según el Ministerio Público, los episodios denunciados habrían ocurrido fuera del territorio español, específicamente en República Dominicana y Bahamas, lo que impide la intervención de la justicia local. Además, se argumentó que Iglesias, de 82 años, no reside en España ni tiene allí su centro de vida o actividad principal, más allá de poseer propiedades inmobiliarias en el país.
La defensa del artista, encabezada por el abogado José Antonio Choclán, había solicitado formalmente el archivo del expediente por la misma razón: la falta de jurisdicción española. Finalmente, la Fiscalía aceptó ese planteo y cerró las actuaciones preliminares. La denuncia incluía acusaciones por presuntos delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales, además de trata, en el marco del Código Penal vigente en 2021.
En paralelo, tras la repercusión mediática del caso, Iglesias publicó en sus redes sociales una serie de mensajes de WhatsApp que, según afirmó, fueron enviados por las denunciantes, con la intención de demostrar la “falsedad” de las acusaciones. Las mujeres, una empleada doméstica y una fisioterapeuta que trabajaron en sus residencias del Caribe, habían relatado presuntos tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral. En ese momento, una de ellas tenía 22 años y el cantante, 77.
Frente a las versiones difundidas, el intérprete español negó categóricamente los hechos y defendió su postura públicamente. “Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer”, escribió. Con el archivo dispuesto por la Fiscalía, la causa queda cerrada en España, aunque la resolución se limita exclusivamente a la competencia judicial del país.

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