EL GOBIERNO APELARA EL FALLO QUE ANULO EL PROTOCOLO ANTIPIQUETES

IMAGEN ILUSTRATIVA.

El Gobierno nacional anunció que apelará la resolución de la Justicia que declaró la nulidad del protocolo antipiquetes, la normativa que regulaba la intervención de las fuerzas de seguridad ante protestas y cortes de calle. El fallo fue dictado por el juez federal Martín Cormick, quien hizo lugar a un amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

La reacción oficial llegó a través de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien utilizó sus redes sociales para cuestionar la decisión judicial. “SIN PROTOCOLO NO HAY ORDEN, HAY CAOS”, escribió en su cuenta de X, y aseguró que el Gobierno no retrocederá en la defensa de la herramienta.

En otro tramo de su mensaje, la funcionaria apuntó contra el trasfondo político del fallo: “Un Juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina”. Luego ratificó que el Ejecutivo recurrirá la decisión: “No vamos a dar un paso atrás. Este Protocolo tiene fundamentos técnicos, jurídicos y operativos. Vamos a defenderlo a toda costa porque es la herramienta que le devolvió orden y tranquilidad a los argentinos que quieren vivir en paz”.

Desde el Ministerio de Seguridad reforzaron la postura con un comunicado oficial en el que confirmaron la apelación. “Se apelará esta decisión de la Justicia. Ni un paso atrás contra los que quieren que regrese el caos y el desorden. El Protocolo es legítimo y se cumple. En esta Argentina, ley y orden”, señalaron desde la cartera.

En su resolución, el juez Cormick sostuvo que la norma presentaba vicios de legalidad y avanzaba sobre atribuciones que no corresponden al Poder Ejecutivo. En ese sentido, afirmó: “Se conforma -de manera manifiesta- la ilegitimidad de la Resolución 943/23 y -en consecuencia- corresponde declarar su nulidad (…) por carecer de los elementos exigidos (…) para ser considerado un acto administrativo válido”. Además, aclaró que quienes se consideren afectados por la aplicación del protocolo podrán realizar denuncias individuales ante la Justicia penal.