LA EMERGENCIA EN DISCAPACIDAD VUELVE A SER LEY

SENADO DE LA NACION.

El Senado argentino revirtió por primera vez un veto del presidente Javier Milei, convirtiendo nuevamente en ley la normativa que declara la emergencia en discapacidad hasta 2027. La aprobación se logró con 63 votos a favor y 7 en contra, mientras que no hubo representantes del oficialismo durante el debate. Con esta decisión, el Poder Ejecutivo queda obligado a promulgar inmediatamente la ley, aunque el Gobierno ya anticipa la posibilidad de judicializar la norma.

Este hecho marca un hito histórico, siendo el primer veto del mandatario rechazado por el Congreso, y el primero en 22 años, desde que un veto parcial de Eduardo Duhalde sobre la ley de Presupuesto de 2003 fue invalidado. En aquel caso, se trataba de un intento por bloquear la reducción de aranceles para la importación de azúcar, que finalmente se terminó promulgando.

El veto de Milei había sido publicado en el Boletín Oficial el 4 de agosto, tras la sanción original del 10 de junio. La votación en la Cámara alta fue unánime, aunque los legisladores de La Libertad Avanza se ausentaron por considerar que el procedimiento parlamentario era irregular. Con el rechazo definitivo, el Congreso dejó claro que la ley debe aplicarse sin dilaciones.

El propio presidente Milei había anticipado que, en caso de que su veto fuera revocado, recurriría a la vía judicial: “Supongamos que me rechazan el veto. Bueno, yo eso lo voy a judicializar. No va a tener efecto ni en el gasto público ni en la cantidad de dinero”, declaró en diálogo con El Observador. Desde la Casa Rosada también se mencionó la posibilidad de no aplicar la ley argumentando falta de fondos, incluso sugiriendo medidas como "sacar plata a los gobernadores".

Con la insistencia del Senado, la Ley de Emergencia en Discapacidad vuelve a estar plenamente vigente, garantizando la actualización de aranceles, pensiones y prestaciones para personas con discapacidad. La normativa establece un marco legal hasta 2027 y representa un paso clave para proteger los derechos de este sector, mientras se mantiene la presión política sobre el Ejecutivo para su cumplimiento.