ARGENTINA REGISTRO 134 MIL DEMANDAS POR RIESGOS DE TRABAJO EN 2025

IMAGEN ILUSTRATIVA.

La litigiosidad laboral en Argentina alcanzó un máximo histórico en 2025 y encendió alarmas en el sistema de riesgos del trabajo. Según un informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), durante el último año se iniciaron 134.000 demandas judiciales por accidentes y enfermedades laborales, una cifra que supera ampliamente a otros países de la región. El dato más llamativo es la comparación internacional: el país registró un 2.200% más juicios que Chile y un 1.500% más que España, a pesar de que los indicadores de seguridad muestran mejoras sostenidas.

El crecimiento de las causas judiciales contrasta con la caída de la siniestralidad. Desde la creación del sistema, los accidentes laborales disminuyeron un 55% y las muertes vinculadas al trabajo bajaron un 80%. Estos avances, de acuerdo con la UART, permitieron salvar unas 19.000 vidas y evitar más de 4,7 millones de incidentes. Sin embargo, el número de reclamos legales siguió el camino inverso: solo desde 2020 las demandas aumentaron un 200% y en 2025 se sumaron 134.141 nuevos expedientes.

La brecha con otros países resulta contundente. Mientras en Chile se presentan 5,8 juicios cada 10.000 trabajadores y en España 8,5, en Argentina la tasa escala a 132,8. Esto significa que la litigiosidad local es 16 veces mayor que la chilena y 23 veces superior a la española, aun cuando la cobertura del sistema es más amplia y los niveles de accidentes son comparables. Además, el stock total de causas en trámite llegó a 317.848, pese a que las ART lograron cerrar cerca de 70.000 casos durante el año.

El informe también detectó comportamientos inusuales en la dinámica judicial. En diciembre ingresaron más demandas que en noviembre, algo que solo había ocurrido antes de la reforma de 2017. Para la UART, el problema radica principalmente en fallas del esquema judicial. Señalan el incumplimiento de la Ley 27.348, que establecía la creación de Cuerpos Médicos Forenses para unificar criterios periciales. La ausencia de estos organismos habilitó la intervención de peritos externos sin supervisión, cuyas evaluaciones suelen ser avaladas por los jueces y elevan los porcentajes de incapacidad, lo que incentiva más reclamos.

El impacto económico también es significativo: el 45% de lo que pagan las ART en juicios se destina a honorarios de abogados, peritos y costos del sistema judicial. Es decir, casi la mitad del dinero no llega directamente a los trabajadores. “Corregir esta distorsión es clave para sostener un mecanismo que protege a trabajadores y empresas, y que hoy está siendo desbordado por una judicialidad que no responde a la realidad de la gestión en materia de prevención ni cobertura de accidentes del trabajo ni a ningún parámetro internacional”, concluyó el informe.